Relatoría del Panel Tres: Derechos humanos y confinamientos tóxicos

I. Orden del día

  1. Presentación del Panel Tres como espacio de difusión entre actores sociales que han participado desde un enfoque de Derechos Humanos en el marco de megaproyectos de tiraderos tóxicos, a cargo de la profesora Urenda Queletzú Navarro.
  2. Participaciones de los integrantes de la mesa.
  3. Se dio un espacio para que la audiencia formulara preguntas y comentarios a los expositores del panel.
  4. Clausura y despedida.
  • Participantes: En el Panel Tres participaron expertos en derechos humanos y procesos jurídicos de megaproyectos de confinamientos de residuos peligrosos: el Maestro Daniel Jacobo Marín del Programa de Agua y Sociedad del COLSAN; el sacerdote Joel Donato Beltrán de la Pastoral Social de la Diócesis de Matehuala, S.L.P.; el Dr. Guillermo Luévano y Daniela Orta de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP.
  • Moderadora: Urenda Queletzú Navarro, UASLP.
  • Relator: Luis Suárez, UASLP.

II. Objetivos del panel

  1. Dar a conocer entre las personas de la audiencia, la relación que hay entre el derecho ambiental y los derechos humanos, y cuál es la prioridad que se les da en el marco de los megaproyectos de confinamientos de residuos peligrosos.
  2. Compartir las estrategias jurídicas y sociales que se han realizado en algunas comunidades que se han visto afectadas por este tipo de proyectos.

III. Primera parte

El panel dio inicio a las 15:45 horas. Con las palabras de la moderadora, quien dio la bienvenida a los participantes del panel. El orden de participación fue el siguiente:

Daniel Jacobo Marín del Programa de Agua y Sociedad de El Colegio de San Luis.

Guillermo Luévano y Daniela Orta de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, de la UASLP.

Joel Donato Beltrán de la Pastoral Social de la Diócesis de Matehuala, S.L.P.

IV. Segunda parte

Las intervenciones comenzaron con la participación del Maestro Daniel Jacobo Marín del Programa Agua y Sociedad del COLSAN, quien formuló la pregunta si el derecho es una herramienta neutral, debido a que algunos postulados de esta disciplina se ha empleado para legitimar prácticas de intervención en el territorio, que derivan en la afectación a las comunidades. De esta manera, hizo mención que algunas normas de la legislación ambiental dan cuenta que el derecho no parte de “postulados neutrales”. Abundó sobre el tema afirmando que en México tenemos un derecho ambiental administrativo, en lugar de un derecho ecológico. Esto se hace evidente cuando los órganos gubernamentales evalúan “técnica y ambientalmente” los proyectos altamente transformadores del espacio; pues, más allá de enfocarse en aspectos socio-culturales, el procedimiento de evaluación se reduce a un proceso administrativizado, mediante el que se negocian y deciden proyectos como el que atañen a este foro y, de manera particular, el denominado Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, SA de CV.

Profundizó que no hay una valoración del binomio sociedad-naturaleza, sino que siguiendo un protocolo administrativo se desdeña lo relativo al entorno, tanto que en la legislación vigente en México, las especies animales y vegetales son cosificadas, para luego contabilizarse en las manifestaciones de impacto ambiental y decidir si se afectan o no los procesos de reproducción o migración. Esto es un ejemplo de la insensibilidad y la falta de una visión integral del derecho ambiental.

El profesor Jacobo Marín mencionó que actualmente no existe una vinculación sólida entre el derecho ambiental mexicano y los derechos humanos, ya que mediante el primero se ha procurado la protección de la inversión privada en proyectos autodenominados “ambientales” o “sustentables”.

En ese tenor, mencionó que una vez que los residuos peligrosos son depositados, los riesgos y afectaciones potenciales son para siempre, por lo que las promesas de remediación de lugares donde existen este tipo de proyectos son inverosímiles.

En pocas palabras, dijo el Maestro Jacobo, la legislación ambiental mexicana en materia de residuos peligrosos se caracteriza por ser laxa, flexible y opaca, con una estructura que favorece a las empresas, y se carece de una visión integral de la realidad histórica, social, política y sobre todo ambiental de las zonas donde pretenden o se han instalado proyectos de confinamientos de residuos peligrosos.

Concluyó que la fuerza motriz de las acciones legales son los propios ciudadanos y ciudadanas de Santo Domingo, SLP y, del mismo modo, dijo que es necesario evidenciar que el derecho no tiene un “enfoque neutral”.

El panel continuó con la estudiante Daniela Orta de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos, quien explicó la estrategia jurídica que se está llevando a cabo contra el confinamiento de residuos tóxicos en Santo Domingo, San Luis Potosí.

Una de las acciones interpuestas fue un amparo administrativo, con número de expediente 217/2016, el cual recayó en el Juzgado Sexto de Distrito en SLP, en el cual se negó la suspensión de los actos reclamados. La suspensión es una medida cautelar emitida por un Juez federal que permite salvaguardar los derechos violentados, en tanto se dicta la sentencia definitiva.

Uno de los alegatos empleados en la demanda de amparo fue la inexistente consulta pública entre la población afectada, y que el proyecto se dio a conocer en un periódico que sólo circula en la capital del estado. Violentado gravemente el derecho a la información por vía idónea. En septiembre de 2016 el Juzgado Sexto de Distrito decidió no entrar en el fondo del asunto y sobreseyó [concluyó] el amparo, con el argumento de que los afectados “carecían de interés legítimo” para interponer la demanda. Sin embargo, esa sentencia fue combatida mediante un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito, el cual decidió que el recurso era viable y se está en espera de la resolución.

En el mes de mayo se interpusieron 2 amparos agrarios ante los Juzgados Segundo y Cuarto de Distrito, que después fueron reclasificados como administrativos. Ambos Juzgados otorgaron las suspensiones provisional y definitiva, dando la razón a la población. También se presentaron peritajes, en materia hidrológica-ambiental y antropológica. La empresa ha pretendido revocar la suspensión, pero sigue vigente en tanto ambos jueces dicten sentencia.

Además de los Juicios de Amparo se presentaron 2 denuncias populares ante PROFEPA y SEGAM, las cuales fueron desechadas, con el argumento de que está fuera de su competencia y que hasta el momento no existe ninguna actividad en el sitio.

El último recurso fue una denuncia penal sobre falsificación de firmas, el cual también se encuentra en proceso.

Daniela Orta mencionó que, hasta la fecha, estas han sido las acciones legales emprendidas por el equipo jurídico.

Se continuó con la participación del Doctor Guillermo Luévano Bustamante, quien hizo hincapié en el protagonismo de las y los ciudadanos en las acciones legales.

Mencionó que el discurso de derechos humanos se ha empleado en el estado para intervenir las comunidades. Los derechos humanos deben ser mecanismos para defendernos de la arbitrariedad del Estado, pues éstos fueron conquistas de procesos como el de Santo Domingo, y por lo tanto deben defenderse y salvaguardarse.

Comentó que con las nuevas reformas en materia de derechos humanos, se considera que las empresas también violan derechos humanos ya que antes sólo se consideraba que solo el Estado violaba derechos humanos.

En este escenario de acciones legales finalizó su participación mencionando que las decisiones se deben de tomar en la comunidad y que en Santo Domingo hay un proceso vivo de lucha en contra del proyecto CITSU-Palula.

El panel concluyó con la participación de Joel Donato Beltrán. Inició con la afirmación de que las cuestiones ideológicas son válidas cuando se ponen a discusión. Posteriormente presentó un video llamado “La historia de las cosas”, mencionando que el video original tiene una duración de 21 minutos, pero que se extrajeron sólo 8 minutos para su presentación en el foro.

Comentó que la Iglesia Católica no está atrás ni adelante del problema, sino con ellos, es decir con la población directamente afectada por este proyecto de confinamiento en Santo Domingo, SLP. Dijo el Sacerdote que el manifestarse contra el basurero tiene un trasfondo sistemático, debido a que tiene que ver con todo un sistema.

La Diócesis de Matehuala ha apoyado muchos movimientos, por lo tanto, este es un proceso de aprendizaje entre la Diócesis y las y los ciudadanos de Santo Domingo, para acompañar de forma efectiva sin quitarles el espacio. Presentó también, el número 30 de la Carta del Papa Francisco, donde se menciona que en realidad el acceso al agua potable es un derecho humano básico fundamental y universal ya que determina la sobrevivencia de las personas.

Se trata de una Encíclica que habla del cuidado de la casa común, en la que se afirma que todo planteamiento ecológico es un planteamiento social. El clamor de la tierra es el clamor de los pobres, las tierra es un ser vivo.

Comentó que existe comunicación y vínculos entre las Parroquias de Matehuala, Cedral, Santo Domingo, Guadalcázar, San Luis Potosí,  Valles y Zacatecas, y que todas han respondido favorablemente para respaldar el movimiento.

Concluyó diciendo que “la empresa está callada, tenemos que fortalecer la sociedad civil, podemos mantener fuerte la unidad, para lograr la libertad, justicia y misericordia con la madre tierra.”

El panel terminó a las 17:15 horas.

Enlace de descarga: Relatoría Panel 3

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