Declaración Final

Convocados por el Programa Agua y Sociedad de El Colegio de San Luis, la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el Comité en Defensa de la Vida de Santo Domingo en San Luis Potosí, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) y la Alianza Justicia Hídrica, el día de hoy hemos tenido una enriquecedora jornada de intercambio de conocimientos, el diálogo entre representantes de comunidades que han sido o son amenazadas por la instalación de algún tipo de dispositivo de confinamiento con desechos peligrosos y un grupo plural de investigadores universitarios, estudiosos de algunos de los campos relacionados con el manejo de los residuos tóxicos, con su impacto en la sociedad y el ambiente y con el cumplimiento o no de las leyes y normas que los regulan (ingenierías, ecologías, derecho, cultura, sociedad y política).

Es importante que este Foro se haya realizado en el estado de San Luis Potosí, la entidad que fue escenario de un dilatado litigio por la instalación de un Confinamiento de Residuos Peligrosos en el predio de La Pedrera, en el municipio de Guadalcázar, por parte de la empresa transnacional Metalclad y su antecesora, Confinamiento Técnico de Residuos Industriales S.A. (Coterin). Aquel conflicto reveló una larga cadena de inconsistencias y violaciones jurídicas y técnicas, así como el uso de la opacidad y el engaño sistemático a la población local, como estrategia política de los empresarios y las agencias gubernamentales involucradas, con la finalidad de imponer el Confinamiento. En este Foro se ha presentado una comisión de vecinos de Guadalcázar para reiterar que ninguna agencia gubernamental se ha hecho cargo de las miles de toneladas de desechos peligrosos que se mantienen en el lugar, pese a que hay multiples indicios de que atentan contra la seguridad y la salud de la población local.

Es emblemático también que uno de los convocantes del Foro sea el Comité en Defensa de la Vida de Santo Domingo y Municipios Circunvecinos, quienes están luchando contra otra instalación semejante a la de Metalclad. El proyecto del confinamiento que la empresa CITSU pretende construir está –repitiendo el mismo guión- plagado de irregularidades, deficiencias y violaciones  técnicas y jurídicas. De nueva cuenta, se quiso sorprender la buena fe de los vecinos con opacidad administrativa, engaño y chantaje a la población local. El caso de CITSU en Palula, lo mismo que en el caso de Noria de la Sabina, municipio de General Cepeda en Coahuila, muestran que luego de 25 años del inicio del conflicto por Metalclad, el eje de los proyectos de confinamientos peligrosos no es la eficiencia técnica, sino la discrecionalidad, el engaño a la población local y la corrupción. Un botón de muestra, en el Foro escuchamos una  historia repetida: se miente a los vecinos sobre cuál es el propósito de lo que se construye. COTERIN mintió en Mexquitic de Carmona a todos los vecinos y en Guadalcázar dijo que eran pozos para darle agua a los vecinos; BEFESA en Zimapán afirmó que construiría un centro de reciclaje de envases; CITSU por su parte hizo correr la versión de que el confinamiento era un basurero municipal como muchos otros, en donde incluso se podría trabajar de separar basura y revenderla. En suma: durante el cuarto de siglo que va desde Metalclad en Guadalcázar, a la empresa CITSU en Santo Domingo, se ha revelado que el talón de Aquiles de la política de construcción de Confinamientos está en la falta de profesionalismo y solvencia técnica y sobre todo en el déficit ético de las empresas involucradas y la corrupción de los organismos gubernamentales involucrados.

Lo que en este Foro hemos conocido, analizado y revisado, permite identificar algunos rasgos comunes de estas experiencias, que las comunidades viven como graves amenazas a su vida y que enfrentan en condiciones frágiles, a menudo teniendo a las agencias gubernamentales como parte del problema y no de la solución. Tres puntos llaman la atención.

PRIMERO. Llama la atención la concentración de los proyectos de confinamientos peligrosos en territorios que se han querido presentar como desérticos y deshabitados. Para el caso del altiplano potosino, esa caracterización ha sido muy socorrida por las empresas al defender sus proyectos. Este Foro nos ha permitido conocer que desde la ciencia, se valora altamente el tipo de vida silvestre que existe en la parte mexicana del Desierto Chihuahuense que abarca el altiplano potosino. Conociendo la diversidad biológica y cultural que existe en los desiertos, es un sinsentido afirmar que no se pierde nada con este tipo de proyectos. El relato interesado de que se trata de lugares deshabitados porque los pobladores viven de los dólares de Estados Unidos, resulta insostenible. Es hoy más que nunca, cuándo debemos preguntarnos a dónde regresarán los miles de compatriotas que muy posiblemente sean deportados de aquel país.

SEGUNDO. El engaño y la complicidad política. Cada uno de estos proyectos ha tenido un patrocinador, un padrino político dentro de las instituciones gubernamentales que busca no sólo ampliar su clientela, sino directamente enriquecerse con los negocios en curso. Quizás el caso más conocido sean los vínculos directos entre la empresa BEFESA del corporativo Iberdrola y la familia de uno de los secretarios de estado del gobierno federal de ese momento. En el caso de Palula está mostrada la intervención directa de uno de los exgobernadores de San Luis Potosí. Son frecuentes la opacidad, el engaño al presentar los proyectos a los pobladores y el uso de prestanombres.

TERCERO. Pero quizás la principal constante en los proyectos que hemos analizado es que se repite el mismo patrón: quererlos establecer donde se espera encontrar a una población local desconocedora de la dimensión y consecuencias de los proyectos, desorganizada y en condiciones de fragilidad social y política. Se ha apostado en todos los casos a impedir la participación activa de los vecinos inmediatos de esos establecimientos peligrosos. El objetivo es cada vez más claro: que las empresas puedan tener libertad de acción total para no cumplir la ley y por esa vía aumentar sus ganancias. En lugar de instalaciones seguras, se ha pretendido literalmente enterrar los materiales tóxicos y luego dejarlos sin control ni responsabilidad alguna, afectando el medio ambiente y a la población local. La desigualdad social que lacera a nuestro país, en el caso de los confinamientos tóxicos está siendo transmutada en injusticia ambiental territorializada. Los cementerios industriales ejemplificados, son simultáneamente lugares de segregación social extrema que han querido construirse. La pregunta de todos las comunidades es la misma, ¿por qué en nuestros territorios?, ¿por qué los segregados de siempre sólo son vistos como el sitio ideal para acumular los tóxicos de la industria mexicana y mundial? Es grave además que esa segregación territorializada pase por encima de todas las consideraciones culturales, sociales y legales de regulación territorial. Como la ha expresado con claridad el Consejo Regional Wixárika en Defensa de Wirikuta, todos los intentos de abrir confinamientos tóxicos en los municipios del Altiplano Potosino, se han convertido de inmediato en amenazas a la integridad del territorio sagrado del pueblo Wixárika.

Lo que hoy hemos conocido, la manera en que las comunidades han puesto en la mesa la importancia de las vulnerabilidades sociales que se profundizan con este tipo de instalaciones, nos interpela a la actuación serena, pero apasionada, inteligente e informada, decidida y colectiva. Las comunidades han recordado a todos, gobiernos, empresas, corporativos financieros, universidades y centros de investigación, que los Derechos Humanos y Comunitarios no se negocian,  son irrenunciables.

Los aquí reunidos vemos este Foro no solamente como un espacio de encuentro y reflexión, sino literalmente como tierra fértil y preparada para sembrar una nueva semilla de acción colectiva. Por eso hemos tomado la decisión de empezar a construir una agenda común de capacitación, acción y defensa legal y formulación de propuestas para defender los territorios amenazados por lo que se llamó aquí la toxicidad y corrosión de los negocios con residuos peligrosos. Cada quien desde su campo de acción desarrollará iniciativas conjuntas. Los comités comunitarios actuarán cada vez más en forma de red para coordinar sus acciones. Por su parte, desde el ámbito universitario y de la investigación, los profesionales aquí reunidos se han propuesto organizar un nodo de investigación-acción desde San Luis Potosí. Se trata de ámbitos coordinados, para seguir acompañándonos mutuamente todos.

En esa tarea y agenda, es muy importante el impulso y apoyo otorgado por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que auspiciará desde su ámbito esta experiencia de investigación-acción en acompañamiento de las comunidades. La actitud abierta y propositiva de los impulsores que está incorporando a otros académicos no solo de las instituciones mencionadas, sino también de las universidades de estados vecinos como Zacatecas, Querétaro e Hidalgo. Pero por encima de todo, los aquí reunidos manifestamos nuestro reconocimiento a las comunidades amenazadas, que reponiéndose a la sorpresa que busca siempre ponerlas en desventaja, se organizan y defienden sus derechos, apelando a las leyes que protegen los derechos humanos en México. Sabemos que para todas ellas no ha sido fácil enfrentarse no solo a la ambición de los corporativos, sino también a la complicidad gubernamental.

Venimos al Foro con expectativas diversas, nos vamos con el ánimo y la inteligencia fortalecidos. Una vida y un mundo diferente son posibles. La lucha digna de los comités muestran uno de los caminos. Sabremos aprender y seguir por el camino de la defensa de nuestros derechos y en eso estaremos juntos y muy unidos.

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